La Plataforma Stop Desahucios de Salamanca,
a
los partidos políticos
Ante
las próximas elecciones municipales, reivindicamos que desde el
Ayuntamiento se haga real el
derecho a la vivienda recogido en el artículo 47 de la Constitución Española de 1978
“Todos los españoles
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este
derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el
interés general para impedir la especulación. La comunidad
participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de
los entes públicos.”
Un derecho que también está recogido en:
- La Declaración Universal de los derechos humanos. Art. 25.1
- El Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales y culturales. Art. 11.1º.
- El tratado de Funcionamiento de UE. Art. 153.1.
- La Carta de los Derechos Fundamentales de UE. Art. 34.3.
- El Estatuto de Autonomía de Castilla y León en el Art. 16.14.
La administración municipal deberá trabajar para promover el
cambio de las leyes que vulneran el derecho a la vivienda.
Una vivienda digna incluye electricidad, agua y gas. La
administración deberá posicionarse ante las empresas que
suministran esos servicios al lado de los ciudadanos y no en defensa
del beneficio empresarial. Lo mismo ha de entenderse en cuanto a las
condiciones de hacinamiento o convivencia forzada.
EXIGIMOS:
- Un cambio de rumbo en los planteamientos de los servicios sociales del Ayuntamiento. Hay que eliminar la habitual política la caridad y limosna, que degrada al ciudadano, y promover la verdadera justicia.
- Que tras un desahucio o en caso de emergencia habitacional haya un realojo inmediato.
- Que los gastos de alquiler, en los casos de realojo por desahucio, o por imposibilidad de pago de cuotas de hipoteca o del alquiler, corran a cargo, de manera subsidiara, del municipio.
- Un programa urgente de alquileres sociales, a la espera de que se hagan efectivas otras medidas (parque de viviendas municipales, obligatoriedad de puesta en alquiler de viviendas vacías o propiedad de la banca o de entidades financieras, tasas especiales para viviendas desocupadas, etc.)
El Ayuntamiento no colaborará de manera activa en los desahucios. Es
decir, prohibirá la participación de la Policía Municipal o del
cuerpo de Bomberos en esas acciones.
El Ayuntamiento no trabajará con entidades financieras que
desahucien.
Nuestras exigencias, en los medios de comunicación:
