Hemos firmado un alquiler por dos años más, la cosa estaba difícil, la vivienda es de Limara, Blackstone y desde marzo del año 2019 acosaban telefónicamente a nuestra compañera que pagaba religiosamente su alquiler.
De repente en junio le bloquearon la cuenta de pago por lo que le era imposible pagar. Vive sola con su hijo, pero el fondo notificaba a su exmarido así que ella no se enteraba de nada.
Fuimos a por la ampliación de ese contrato, pero no estaban dispuestos a ello, ofrecían como suelen hacer siempre, vendérsela, cosa difícil dadas las circunstancias de la compañera, su precariedad. Nuestra respuesta fue clara No, que ella no se iba de casa ni ahora ni en junio que es cuando se le cumplía el contrato.
La compañera llego el año pasado, estaba muy triste, las cosas no le iban bien vivía con mucha angustia. Le informamos de que tiene a su disposición un equipo de psicólogas.
Cumplida la fecha del contrato del alquiler del piso el fondo no la quiere dejar en casa bajo ningún concepto y menos con el mismo alquiler, busca una cuota de 400 euros, la cual es imposible de asumir ahora.
Se consiguió una prórroga de un año con el alquiler actual, y después tendría que irse. Seguiremos negociando ya quedó claro que no se le va a echar de la que fue en principio su legitima casa y ahora sigue siéndolo, aunque sea de alquiler.
A la terminación de la prórroga, se siguió negociando, hemos conseguido dos años más de tranquilidad en septiembre de 2020. Y seguiremos peleando para que nuestra compañera siga viviendo en su hogar.
Este sábado nos reunimos plataformas que defendemos lo publico en la plaza de la Concordia y desde, hemos ido perdiendo los servicios más básicos en beneficio de lo privado. Una crisis sanitaria por el COVID ha destapado todas las carencias que llevamos años padeciendo..
Manifestamos que:
La actual crisis socioeconómica en el contexto de la pandemia COVID 19 evidencia y acelera los procesos de crisis del sistema neoliberal capitalista.
Una crisis social afirmada en el aumento y extensión de condiciones sociales negativas; pobreza, desigualdad, injusticia, desempleo, desahucios y trastornos psicológicos asociados para cada vez mayores capas de población.
Lo que supone de hecho, para un porcentaje de población cada vez mayor, perteneciente a las clases populares, la ruptura del consenso establecida acerca de la posibilidad de alcanzar la plena igualdad de derechos y la justicia social dentro del actual sistema económico y político.
Una crisis política; de la democracia y de legitimidad de las instituciones del Estado y económica, crisis de la economía del mercado de trabajo y de la sociedad de consumo. Crisis de cuidados, Crisis de las relaciones y equilibrios rural-urbano, desequilibrios territoriales.
Una crisis ecológica: climática, de biodiversidad. Estamos inmersos en la sexta extinción masiva, esta vez causada por las actividades humanas, al igual que un cambio climático que pone en riesgo el equilibrio biofísico de nuestra era geológica, y que complica la propia capacidad de albergar vida en cada vez más localizaciones del planeta, abocando a las futuras generaciones a habitar en un planeta cada vez más hostil e inhóspito.
Crisis en materia de vivienda, la cual no es considerada como un bien básico si no especulativo. Esperar que se genere una cadena de solidaridad por parte de los especuladores está condenado al fracaso. SUSPENDER EL PAGO DE ALQUILERES, HIPOTECAS Y SUMINISTROS BÁSICOS Y PARALIZACIÓN DE TODOS LOS DESAHUCIOS son medidas necesarias para que esta crisis sanitaria no provoque que más familias pierdan su hogar. La suspensión temporal solo aplaza lo inevitable. El aplazamiento del cobro para la banca hace que de nuevo no asuman ningún coste. Exigimos la exoneración de los pagos mientras dure esta situación. Para paliar el efecto de la crisis a medio plazo se debe constituir un parque público de vivienda suficiente.
En el mismo sentido, hay que garantizar el acceso a todos los suministros básicos (agua, luz, gas y telecomunicaciones), con una expresa prohibición de corte en todo el ámbito doméstico, que las grandes empresas asuman el coste con sus beneficios millonarios. Estos servicios esenciales para la vida deben ser gestionados de forma pública y democrática.
Para cumplir con los Dictámenes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, es también necesario alargar la paralización de todos los desahucios sin alternativa habitacional más allá de la duración estricta del estado de alarma, dado que sus efectos se verán en los próximos meses. Para paliar el efecto de la crisis a medio plazo se debe constituir un parque público de vivienda suficiente.
Esos procesos no hacen más que ahondar en el sufrimiento y empobrecimiento de las clases populares, así como en el deterioro de sus condiciones de vida y sus esperanzas de futuro.
El sistema cada vez es más incapaz de satisfacer, de manera digna y suficiente las necesidades básicas de la mayor parte de la población. Las clases populares no están dispuestas a seguir “pagando” las crisis del sistema.
Las propuestas de salida de estas crisis que se están impulsando desde las instancias del poder político y económico participadas por los partidos políticos, sindicatos y organizaciones del Régimen significan “más de lo mismo”. Es decir, amplían el alcance de las políticas, las medidas sociales y económicas que nos condujeron hasta aquí, implementando cambios de forma meramente superficial, sin una cambio que permita la superación de esos graves conflictos que afectan a un porcentaje cada vez mayor de la población.
Estamos convencidas de que otro afrontamiento es posible y de que otro futuro, basado en la justicia social, la democracia y el pleno desarrollo de las libertades desde un punto de vista colectivo, es posible.
“Desde el Plan de Choque Social buscamos tanto introducir en la agenda de las políticas públicas medidas de urgencia para atajar la crisis desde la justicia social, como apostar, de manera consciente, por una salida popular a una crisis socioeconómica que ya se predice será más dura que la anterior. Y todo ello actuando desde la solidaridad, la organización colectiva y la movilización”.
Este fenómeno ocurre por la necesidad y la falta de vivienda, resulta que hay casi 13.000 viviendas vacías en Salamanca, y son las personas en exclusión, los jóvenes y familias sin recursos las que se ven obligadas a buscarse un hogar.
Hacen primero el recorrido por servicios sociales, dónde les dicen siempre lo mismo “no tenemos casas” y te ponen a la cola con muchas personas con el mismo problema o peor.
Llevamos años en esta lamentable situación, varios partidos han presentado mociones en los plenos del ayuntamiento de nuestra ciudad para ampliar el parque de vivienda pública, y en sus propuestas está el utilizar esas viviendas vacías, pero la respuesta siempre es la misma, que las construirán desde el Patronato Municipal de Vivienda, aunque insisten en decir que lo tienen todo solucionado. ¿Qué esperan? en algún sitio tenemos que vivir.
Solo hay vivienda para quien la puede pagar, con su nómina y un buen contrato de trabajo en vigor. Entonces optas en vez de pasar el frío o calor salmantino al raso por ocupar una vivienda de un banco, hay muchas, están abandonadas, inacabadas y hechas un desastre.
En Stop Desahucios Salamanca estamos a favor de esa ocupación, o como decimos nosotras, recuperación, suena mal la palabra ocupación, pero es correcta solo está manida, y mal usada.
Cuando vemos esos programas en los que salen personas sufriendo porque alguien se ha metido en sus casas de lo que están hablando es de “allanamiento de morada”, un delito recogido en el código Penal y depende de cómo se haya producido así será la pena que les impongan. Se denuncia y la policía acude a echar a los delincuentes. Aunque hayan pasado más de 48 horas y puede que sin orden judicial.
La usurpación u okupación es un delito menor, las viviendas están vacías, son las de los bancos, fondos buitres, grandes tenedores de vivienda, los ocupantes son en muchos casos las antiguas propietarias. No han tenido la posibilidad de llegar a un acuerdo, sus ingresos no les permite comprar la vivienda que es casi la única opción que te ofrece un fondo buitre y nadie les presta dinero. Algunas hicieron dación en pago y ahora se ven muchas en la calle, con hijos, no tienen posibilidad de alquilar, porque insisto para ellas no la hay. Así que, si pueden, entran, sin violencia y con sigilo.
Esta es la mayoría de casos de ocupación que tenemos en España, las de la tele no llegan ni al 1%, así que no es necesario salir corriendo a comprarse la alarma. ¿Entonces porqué tanto espectáculo mediático e indignación?
La ley 5/2018 de 11 de junio que modifica la 1/2000 de 7 enero con relación a la ocupación ilegal de viviendas. Agiliza los desalojos de inmuebles. Esta ley que modifica la anterior ampara a particulares, entidades sin ánimo de lucro, las públicas, las que son viviendas sociales.
Quedan fuera de la ley las entidades financieras, bancos, grandes tenedores que no puede echar a estas personas con la rapidez que necesitan. Por ese motivo están en trámites más de 2000 juicios civiles y teniendo esto en cuenta, les gustaria, si, que se les incluyera en ese artículo 250 de la ley de enjuiciamiento Civil.
Que dice así:
Podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social.
Este sábado pasado, día 20 de junio, salimos en apoyo a la sanidad junto con otros colectivos y a iniciativa de CNT. Salimos con nuestras mascarillas y máximo cuidado a defender lo nuestro, lo de todas.
La pandemia que hemos vivido estos últimos meses ha puesto sobre la mesa una situación que veíamos padeciendo desde hace años: el desmantelamiento del sistema sanitario público español.
Sabemos que sí ha habido culpables de este problema, aquellos que en su día aprobaron la Ley 15/97 y el artículo 90 de la Ley General de Sanidad. Ley que permite que cualquier hospital pueda ser gestionado por una entidad privada. Este artículo consiente los conciertos de hospitales.
Han transcurrido muchos años de lucha desde muchos colectivos para echar abajo esta
ley, pero hay mucho dinero de por medio. De nuevo, los partidos políticos no han defendido los intereses del pueblo, sino los individuales.
Estas mismas personas, que buscan únicamente el beneficio económico, han tenido en sus manos la salud y bienestar de nuestros mayores. Más de 19.400 muertos en residencias de ancianos muestran la precaria situación en la que se encuentran, la falta de recursos, atención, personal y apoyo sanitarios. La mala gestión, sobreponiendo el negocio a la vida.
Esto no podemos volverlo a permitir nunca.
Ahora es cuando hay que salir a la calle a reivindicar lo que es nuestro: una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad para todos y todas. Un sistema que prevenga la enfermedad y planifique la salud de forma conjunta con el resto de la sociedad. ¿Que queremos?
* Exigimos la derogación de la Ley 15/97 que permite la privatización de la sanidad y del artículo 90 que posibilita los conciertos a empresas privadas.
* Devolución a lo público de todo lo privatizado.
* Atención primaria centrada en la salud colectiva.
* Incompatibilidad entre intereses públicos y negocios privados.
* No al cierre de consultorios en la Sanidad Rural
* ¡Fuera las empresas de la sanidad!
* Una industria sanitaria y farmacéutica pública.
* Sanidad para todos independientemente de la situación administrativa.
* Cuidado y atención digna de nuestros mayores.
* Un sistema sanitario centrado en los determinantes sociales de la
enfermedad.
